Participación política de las mujeres en el Perú: Reto pendiente

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la participación política de las mujeres es importante no solo por ser un tema de derechos, sino porque facilita la construcción de una sociedad pluralista, contribuye a hacer más sostenibles los procesos de paz, impacta en la erradicación de los estereotipos de género y permite el fortalecimiento de la democracia. En esa misma línea, la Unión Interparlamentaria (UIP) precisa que “el concepto de democracia sólo tendrá un significado verdadero y dinámico cuando las políticas y la legislación nacional sean decididas conjuntamente por hombres y mujeres y presten una atención equitativa a los intereses y las aptitudes de la población”.

En Perú, desde 1990 hasta la fecha, de las 89 candidaturas que se han presentado a la Presidencia de la República, solo el 12% estuvieron lideradas por mujeres (11 postulaciones). Ante esta problemática, se han realizado esfuerzos, mediante instrumentos normativos, para promover mayor participación femenina en la política. Así, recientemente se viene aplicando la Ley 31030, que busca garantizar la paridad y alternancia de género en las listas de candidatas y candidatos para cargos de elección popular de nivel nacional, regional y local. En cuanto a los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencias de la República, quienes solicitan su inscripción en una sola fórmula, deben incluir, por lo menos, a una mujer o a un hombre en su conformación. Las listas de candidatura regional y municipal deben estar conformadas por un 50% de hombres y un 50% de mujeres.

Si bien las cuotas electorales son una vía importante para fomentar mayor participación de mujeres, aún persiste una presencia minoritaria de mujeres elegidas. El porcentaje de mujeres candidatas en las elecciones internas de 2022 llegó a 43.4%, lo que significa un incremento de 3.9% frente a lo registrado en las elecciones de 2018. Sin embargo, los datos son menos alentadores cuando tomamos en cuenta el porcentaje de mujeres elegidas. En efecto, en los últimos procesos electorales a nivel nacional (2016 y 2020) y subnacional (2018), las mujeres representaban solo el 26.3% tomando en cuenta autoridades nacionales y únicamente 26.7% tomando en cuenta autoridades subnacionales (Gobierno regional, Consejo regional, Alcaldía provincial, Regiduría provincial, Alcaldía distrital y Regiduría distrital). En las elecciones congresales de 2020, 40% de las candidaturas estuvieron conformadas por mujeres, frente al 28% de 2016. No obstante, únicamente 26% de ellas resultaron electas para el periodo 2020-2021.

Según el perfil electoral de las Elecciones Generales de 2021, una de las razones más importantes de esta marcada desigualdad es que solo 22% de mujeres son cabeza de lista de las candidaturas inscritas a nivel nacional, cifra similar a la obtenida en las Elecciones Congresales 2020. Esto a pesar de mostrar un alto grado de formación académica y un bajo número de sentencias civiles y penales. Concretamente, en las 18 fórmulas presidenciales se presentaron 20 mujeres, todas las cuales contaban con estudios superiores y 60% con estudios de posgrado.

Entonces, ¿por qué la ciudadanía no vota por ellas? Una de las razones es el marcado prejuicio sobre las tareas consideradas femeninas. Hasta ahora se sigue atribuyendo a las mujeres las tareas de cuidado o asistenciales, y a los hombres las de dirección, decisión o liderazgo. Según ONU Mujeres, el 43% de mujeres y el 53% de hombres cree que los segundos son mejores líderes políticos que las primeras. Este pensamiento conlleva que, cuando una mujer participa en espacios de poder político, su opinión sea subvalorada y sus capacidades sean puestas en cuestionamiento.

Es imperativo complementar la normativa actual con otros mecanismos para fomentar mayor participación de mujeres en el ámbito político. Por ejemplo, se debe asegurar que todas las leyes y políticas sean sensibles al género. Además, se debe apoyar a las mujeres líderes mediante el fortalecimiento de sus habilidades, capacidades y confianza para la política. Esto debería estar acompañado de mecanismos de apoyo para mujeres con el objetivo de reducir la carga del trabajo doméstico no remunerado, y fomentar su rol activo en la política.

Realizado por: Paola Bustamante y María Alejandra Ormeño, directora y analista senior de Videnza Consultores, respectivamente