Privarnos de un derecho

Esta semana, la Comisión de Constitución del Congreso dio un paso no menor en el camino de la reforma política con el dictamen para restablecer la bicameralidad y reinstaurar la reelección congresal. Aunque estas medidas no gozan de amplia simpatía popular, son parte del conjunto de cambios necesarios para fortalecer nuestro sistema político.

Particularmente impopular es la reelección congresal, que fue abolida en 2018 mediante un referéndum con el apoyo del 85% de peruanos y con el decidido auspicio del entonces popular Martín Vizcarra.

En el contexto en que se dio –con un Congreso sumamente desprestigiado que fue el gran causante de la crisis política que nos dejó con cuatro presidentes en un quinquenio–, la medida fue una suerte de disolución anticipada del Legislativo. Pero vista en perspectiva, una prohibición de esta naturaleza no es más que la privación de un derecho para los ciudadanos.

Si un legislador nos ha demostrado que no está la altura del encargo, debe corresponder a los ciudadanos quitarle la confianza mediante el voto. ¿Por qué privarnos de la posibilidad de renovar nuestro apoyo a aquellos congresistas cuyas cualidades han quedado demostradas en la cancha? Esta prohibición solo obliga a tener que apostar por 130 nuevos personajes de los que tenemos muy poca información en cada elección.

Otra razón por la que esta prohibición es dañina tiene que ver con la curva de aprendizaje a la que están sometidos los parlamentarios. Solo comprender el complejo funcionamiento de los procesos legislativos y de los principios del Derecho parlamentario no es tarea menor. Más aún, las capacidades requeridas para alcanzar consensos y construir mayorías –algo indispensable en la labor congresal– no deben subestimarse. Todos estos son aspectos que se aprenden en la experiencia cotidiana del oficio. Sin la posibilidad de reelección, estaremos condenados a tener congresos de novatos que –al estilo del presidente Castillo– usan el encargo para aprender.

Aun con estas ventajas de la reelección congresal, entiendo que parte de la resistencia ciudadana tiene que ver con la percepción de que históricamente han sido las cúpulas partidarias, y no la ciudadanía, las que han decidido quiénes se perpetúan en el Parlamento.

En efecto, en el pasado hemos visto que impopulares miembros de élites partidarias se aferran a su escaño apoyados por las argollas de sus partidos y por el poder de algunos caciques políticos. Pero resolver este problema privándonos del derecho a la reelección es absurdo y dañino. La manera de abordar el reto es más bien ir hacia una verdadera democracia interna.

Hoy la mayoría de partidos solo lleva a cabo pantomimas de elecciones primarias, que no hacen más que poner un sello de formalidad a los designios de las cúpulas, pero distan de ser procesos genuinamente democráticos. Ahí está el problema.

Las primarias abiertas simultáneas y obligatorias, aprobadas en 2019 por recomendación de la Comisión Tuesta, fueron una buena respuesta a este problema.

No obstante, los enemigos de la reforma sabotearon y postergaron su realización tanto para las elecciones generales de 2021 como para las regionales y municipales de este año. Para ello argumentaron razones vinculadas a la pandemia que no son más que una burda excusa.

La mejora de nuestro sistema político no será posible si avanzamos en ciertos cambios, pero retrocedemos en otros.

La única manera de alcanzar una reforma efectiva es preservando su integralidad, y para ello necesitamos el compromiso de la clase política y la vigilancia de la ciudadanía. No permitamos que los beneficiarios del statu quo sigan condenándonos a un sistema que no da resultados para los ciudadanos.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores
Columna de opinión publicada el 12 de junio de 2022 en el diario Perú21.