Un mejor proceso para un mejor TC

Pocas decisiones políticas tienen consecuencias tan significativas como la designación de los miembros del Tribunal Constitucional. En la historia reciente, a este colegiado le ha tocado pronunciarse sobre temas tan trascendentales como la disolución del Congreso, la devolución de aportes a la ONP, la suspensión del cobro de peajes o la prescripción de millonarias deudas tributarias. Todos casos de enorme interés político o económico, que trajeron perdedores o ganadores. Lo que está en juego es mucho, y por ello suele haber tanta presión en torno al tema.

Hace casi una década el Congreso viene tratando de renovar los mandatos expirados de varios tribunos, tarea en la que ha fracasado reiteradamente, y que de hecho en 2019 fue el detonante final de la polémica disolución congresal. En esta oportunidad, aunque se consiguió elegir a los seis nuevos miembros del TC, el proceso no estuvo exento de cuestionamientos y críticas.

En esta ocasión las objeciones han estado centradas en dos ejes: la falta de transparencia del proceso, y la llamada “repartija”, que ya se había vuelto un calificativo habitual de todos los intentos previos.

Respecto del primer punto, sobran elementos para concluir que el proceso estuvo marcado por la oscuridad. La comisión a cargo del mismo, presidida por el congresista José María Balcázar (Perú Libre), se negó en reiteradas oportunidades a entregar la información del proceso. Fue necesaria una orden del Tribunal de Transparencia del Ministerio de Justicia para que esta fuera liberada. No obstante, el 80% de páginas entregadas a la prensa estaban tachadas, algunas de ellas casi en su totalidad. Algo insólito en un proceso de tan alto interés público.

Por si esto fuera poco, el presidente de la comisión declaró que había recibido a un panel de juristas internacionales para compartir información del proceso y recibir su retroalimentación. Lo cierto es que esto nunca se produjo. Es decir, el señor Balcázar mintió descaradamente a todo el país.

Como colofón, el martes que se produjo la votación en el Pleno, la Junta de Portavoces acordó que no se permitiera el debate previo a la misma. Una decisión a todas luces antidemocrática, pues la esencia del Parlamento es precisamente la exposición de ideas y el debate de cara a la ciudadanía. Esto se lleva a cabo incluso para la aprobación de iniciativas o cuestiones de mucho menor trascendencia. ¿Por qué omitirlo en el caso de una decisión tan relevante como esta?

Lo más probable es que la discusión en el Pleno no hubiera alterado los votos de cada una de las bancadas, pero por lo menos habría permitido a la ciudadanía conocer mejor los argumentos que sustentaban la elección de estos seis nuevos magistrados, así como estar al tanto de la posición de cada una de las fuerzas políticas al respecto.

La otra crítica tiene que ver con la llamada “repartija”, a saber, la distribución de los sitios en función del cuoteo partidario. Esto en efecto sucede, y es que, cuando se revisa la relación final de seleccionados y las votaciones en cada uno de los casos, resulta evidente que cada uno fue impulsado por uno o algunos determinados grupos parlamentarios. El problema es que, dado el diseño del proceso por ley, es inevitable que así ocurra. Sucede que el único requisito finalmente infranqueable es que los candidatos reúnan los 87 votos necesarios en el Pleno. Todas las fases previas del proceso, en las que se califica a los candidatos por orden de mérito, son subjetivas y especialmente irrelevantes si el número de candidatos aptos iguala al número de vacantes, como fue en este caso.

Es por ello que urge replantear el proceso: reducir el peso de los votos en el Pleno y brindar un mayor peso a la meritocracia con criterios objetivamente verificables, para que las calificaciones y preparación de los postulantes finalmente hagan una diferencia. A ello se deben sumar criterios mínimos de transparencia.

Una decisión de tanta importancia para la vida del país merece un proceso que asegure resultados con el menor cuestionamiento y la mayor legitimidad. Con el diseño actual, esto parece imposible.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores

Columna de opinión publicada el 15 de mayo de 2022 en el diario Perú21.