Sin qué defender

El gobierno de Pedro Castillo está en serios problemas. Los votos para la admisión de la moción de vacancia se van sumando rápidamente, y lo más probable es que el presidente termine viéndose obligado a comparecer en el Pleno del Congreso, y tengamos –una vez más– unas Navidades inquietadas por el caos político.

Este devenir no es tanto producto a la sagacidad de la oposición, sino principalmente de la clamorosa torpeza política del presidente y su entorno, y de los crecientes indicios de corrupción que involucran a lo más alto de la administración. En solo unas semanas, se han sumado casos como el de los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas, las presiones sobre la Sunat para favorecer a dos empresas y para amainar un proceso de selección de martilleros públicos, la sospechosísima licitación del puente Tarata en la región San Martín, el inexplicable hallazgo de 20,000 dólares en el baño del exsecretario general de la Presidencia, y el depósito de 20,000 soles a este último por parte de un chofer de Palacio. Un rosario de graves indicios en tiempo récord ante los que el presidente Castillo no ha sido capaz de dar explicaciones mínimamente esclarecedoras.

Esta configuración de elementos sería gravemente problemática para cualquier gestión presidencial, pero lo es más para la de Pedro Castillo por una sencilla razón: su administración no parece tener nada concreto que defender.

Sin pretender reivindicar a algunas cuestionadas gestiones presidenciales previas, es digno de destacar que, por lo menos a nivel político, estas tenían algo que defender a los cuatro meses de iniciadas. Así, por ejemplo, Ollanta Humala ya había instalado el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y desplegado la estrategia de nuevos programas sociales (Qali Warma, Cuna Más, Pensión 65). Alan García había ya marcado la ruta de un gobierno promotor de la inversión privada y del crecimiento económico. Alejandro Toledo era el abanderado del proceso de recuperación de la democracia y de la –supuesta– reconstrucción institucional luego del periodo fujimorista.

Ciertamente podemos cuestionar qué tan reales fueron estos logros o beneficiosas estas agendas para el país (más aún con la claridad que brinda la perspectiva), pero ese no es el punto. El punto es que estas administraciones ofrecían algo que podía motivar a un sector de la ciudadanía a salir a la calle para defenderlas. Hoy ni eso está claro.

Más allá de una grandilocuentemente llamada “reforma agraria” que más trae ruido que nueces, no podemos destacar un solo programa, proyecto o política que haga justicia a la promesa de “no más pobres en un país rico”. Por el contrario, desde el inicio de la administración Castillo, son precisamente los sectores menos favorecidos los que han sido más golpeados por el incremento en precios de productos de primera necesidad. Y cuando la economía aprieta, no hay discurso político que aguante.

Así las cosas, si Pedro Castillo aspira a mantenerse en el cargo, además de dar explicaciones a la seguidilla de acusaciones de corrupción que pesan sobre su administración, tendrá que darles a sus votantes buenos motivos para defender la continuidad de la misma. El reto es que, para hacerlo, hace falta tener una agenda y capacidad para implementarla; y esos dos elementos, por lo menos hasta hoy, no parecen habitar en Palacio ni en el pasaje Sarratea.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores

Columna de opinión publicada el 05 de diciembre de 2021 en el diario Perú21.