La medicina cura, la ilegalidad mata

La semana pasada, el Gobierno presentó la Política Nacional de Competitividad y Productividad, un trabajo multisectorial y participativo que el Ejecutivo viene desarrollando para impulsar un país con un crecimiento sostenido a mediano plazo. Entre sus nueve objetivos prioritarios están mejorar el ambiente de negocios y la institucionalidad. Es decir, impulsar la simplificación administrativa, perfeccionar los instrumentos de desarrollo productivo y asociatividad y fortalecer tanto la institucionalidad del país como el servicio de administración de justicia. Esto último implica articular medidas que promuevan la integridad pública y faciliten la lucha contra la corrupción.

En esta ruta que se está trazando como política de Estado, quiero poner sobre la mesa un tema fundamental vinculado con ambos ejes mencionados: el problema de los medicamentos ilegales. Según la legislación peruana, son aquellos productos falsificados, adulterados, robados o que provienen del contrabando y de la venta de muestras médicas. Se estima que representan alrededor del 15% del mercado total de medicamentos, aunque no existe una cuantificación seria al respecto. Esto pese a que sus efectos en la salud y en la economía son altamente perjudiciales.

En términos sanitarios, los medicamentos ilegales incrementan la morbilidad y la mortalidad, producen resistencia a los aditivos antimicrobianos y minan la confianza de los actores del sistema de salud. En cuanto al impacto económico, afectan la rentabilidad y capacidad de generar empleo de sus competidores formales, invaden el mercado con productos inservibles, dan pie a exámenes o tratamientos adicionales, reducen los ingresos del Estado y afectan el desarrollo de nuevos tratamientos.

Actualmente, las barreras de entrada al mercado formal de medicamentos son muy altas, con exceso de trámites y lenta aprobación. Además, el débil sistema de control y vigilancia, con penas poco efectivas y acciones descoordinadas entre las autoridades, impide enfrentar eficazmente a los actores ilegales y desarticular sus cadenas logísticas.

¿Qué acciones debe tomar el Gobierno, en el marco de la política presentada, para combatir el ingreso y la venta de medicamentos ilegales en el país? Hoy, la escasez de productos farmacéuticosy dispositivos médicos lleva a que uno de cada dos pacientes que acude a los establecimientos públicos no reciba la terapia indicada y deba comprar sus medicamentos en boticas o farmacias privadas. En consecuencia, hay que mejorar el sistema de abastecimiento en los establecimientos del Estado. Ello requiere usar tecnologías de la información para articular y automatizar los procesos, mejorar las estimaciones identificando la demanda real de las personas, disminuir tiempos y, sobre todo, dotar de transparencia y predictibilidad a las acciones.

Mejorar la cobertura de farmacias y boticas formales en ciudades pequeñas y zonas urbano-marginales de las grandes urbes puede ayudar a evitar que los proveedores ilegales sigan expandiéndose.

También se debe lograr un marco regulatorio eficaz y eficiente que reduzca el exceso de trámites innecesarios. Estos lo único que logran es disminuir la presencia de empresas formales y su competencia. Complementariamente, las instituciones que combaten a los ilegales e informales deben ser fortalecidas: requerimos de una entidad que lidere la lucha con autoridad, con un equipo de élite y que sea capaz de coordinar interinstitucionalmente.

Para hacer realidad estas acciones, es fundamental una alianza entre los diversos actores involucrados. La adecuada implementación de la Política Nacional de Competitividad y Productividad presentada será clave.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza