Innovación en la lucha contra el cáncer en Perú

El cáncer afecta a miles de peruanos y representa la cuarta enfermedad con mayores años de vida saludable perdidos (AVISA) (CDC, 2019). Es decir, es la cuarta enfermedad que más reduce la calidad de vida y esperanza de vida saludable en aquellos que lo padecen.

En el Perú, cada año se reportan 70,000 casos nuevos y 35,000 defunciones, que afectan en mayor porcentaje a las mujeres (53%). Asimismo, registramos una de las mayores incidencias de cáncer de cuello uterino en la región: mientras que en Chile y Colombia las incidencias son de 11 y 15 casos por cada 100,000 habitantes, respectivamente, el Perú registra cerca de 22 casos (Globocan, 2020).Estas cifras podrían incrementarse por la tendencia demográfica al envejecimiento. Además, la pandemia COVID-19 agravó el acceso a una atención oportuna de las enfermedades oncológicas. Un informe del Ministerio de Salud (2018) señala que Loreto, Amazonas, Cajamarca, San Martín, Huánuco, Pasco y Ayacucho presentan una alta vulnerabilidad en la atención y control de cáncer. A ello se suman deficiencias en la ejecución del presupuesto para el abastecimiento de productos oncológicos. Prueba de ello es que al 14 de julio de este año, solo se ha utilizado el 12.7% del presupuesto destinado a productos farmacéuticos bajo el programa presupuestal de prevención de cáncer.

En este contexto, en los últimos años se buscó atender el problema del cáncer priorizando una perspectiva jurídica. Es así que en agosto del 2021 se publicó la Ley Nacional del Cáncer, cuyo objetivo principal es garantizar la cobertura universal, gratuita y prioritaria de los servicios de salud para todos los pacientes oncológicos. En marzo del 2022, se publicó el reglamento de la ley, que establece 16 disposiciones complementarias que favorecen el financiamiento, abastecimiento y prestación de servicios oncológicos. Sin embargo, a la fecha solo se han implementado 7 de estas.

Una de las disposiciones que están en pendientes es la definición de criterios para la aplicación de los mecanismos diferenciados de adquisición (MDA). La realización de nuevas modalidades de adquisición de tecnologías sanitarias oncológicas agilizaría su abastecimiento, facilitaría el monitoreo y asignación del presupuesto por paciente, y alentaría el acceso oportuno a tecnologías sanitarias innovadoras para los pacientes.

Destacaremos dos mecanismos ya utilizados en otros países y que pueden ser incorporados en el Perú para el acceso a tecnologías oncológicas nuevas. Se trata del uso de Real World Data (RWD) y los acuerdos de riesgo compartido (ACR). Veamos el alcance de estos mecanismos y algunos ejemplos de su aplicación.

El uso del RWD refiere a recopilar información sobre el estado de los pacientes de distintas fuentes como historias clínicas electrónicas, registros de farmacovigilancia, registros de productos o enfermedades, así como de dispositivos digitales o personales. El objetivo es evaluar la efectividad de una nueva tecnología a cambio de facilitar su acceso a los pacientes. El potencial de estos datos será significativo como resultado de la expansión de las historias clínicas electrónicas en el sistema de salud y del mayor uso de medios que registran información sobre el estado de salud de las personas. Además, favorecen la articulación con la academia y generan evidencia científica.

A nivel internacional, Estados Unidos y Europa han incorporado lineamientos para el uso de evidencia del mundo real en sus procesos regulatorios. La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha evaluado 88 medicamentos utilizando exclusivamente este tipo de datos. En el caso de tratamientos oncológicos, está la experiencia del biosimilar de bevacizumab (Bevax®) en Argentina (Fernandez, et.al, 2018). Para la evaluación de los efectos adversos relacionados con su uso, los autores revisaron los registros de tratamientos de pacientes tratados con el medicamento, y los resultados indicaron que tiene un nivel de eficacia y seguridad comparables al medicamento biológico de referencia.

Por su parte, los ACR son mecanismos que favorecen el acceso a medicamentos particularmente costosos para los financiadores y sobre los cuales se tiene incertidumbre sobre su costo-efectividad. Estos mecanismos pueden ser diseñados para distribuir entre el pagador y el laboratorio el riesgo financiero, los riesgos relacionados a resultados sanitarios o ambos (Kwong, et. al, 2014).

En España, uno de los primeros acuerdos de riesgo compartido se dio con el bortezomib (Velcade^®), un medicamento aprobado para tratar pacientes con mieloma múltiple. El acuerdo de riesgo compartido consistía en que los pacientes recibieran el tratamiento a un precio acordado entre las partes bajo la condición de que aquellos que respondieran a los cuatro ciclos iniciales (indicado por una reducción del 50% de la proteína M) continuarían el tratamiento. En cambio, en aquellos para quienes la progresión de la enfermedad no se detuvo, se interrumpiría el tratamiento y el financiador podría solicitar el reembolso (Espín et. al, 2010).

Portugal accedió al uso del medicamento pertuzumab (Perjeta^®) mediante un acuerdo de riesgo compartido donde el laboratorio se comprometió a brindar el tratamiento libre de costo mientras se evalúa su efectividad mediante el uso de RWD. Los resultados de la evaluación clínica muestran una mayor tasa de supervivencia entre los pacientes que accedieron al uso de este medicamento en comparación del contrafactual. No obstante, se requieren sistemas de información que emitan reportes oportunos para la evaluación (Monteiro & Loff, 2019).

De esta manera, la incorporación de Real World Data y los ACR pueden representar una transformación para la atención oncológica en el país. Estos mecanismos favorecen la agilidad y la transparencia en los procesos de evaluación y adquisición de los productos farmacéuticos, y permiten la inclusión de los distintos involucrados como pacientes, industria y organizaciones sanitarias en la generación de evidencia. Además, promueven la sinergia entre actores, la innovación y el impulso de la digitalización en el sector salud.

Realizado por: Mauricio Ibañez y Ana Gonzales, analista senior y analista junior de Videnza Consultores, respectivamente