El bono demográfico, una oportunidad que aprovechar, por Pedro Rodríguez Paiva
En el Perú las reformas avanzan a paso lento. Las razones son varias: la falta de continuidad en políticas luego de un cambio de gobierno, la oposición de grupos con poder o la falta de sentido de urgencia en la clase política. Sin embargo, el país actualmente atraviesa por una ventana de oportunidad que no volverá y que debe de ser aprovechada cuanto antes.
El Perú, al igual la mayoría de países de América Latina, está en una etapa de transición demográfica. La reducción de las tasas de mortalidad y natalidad, que empezó en la década de 1960, ha tenido un impacto en la estructura etaria de la población.
El mayor crecimiento de la población en edad activa (14 a 59 años) en relación al de la población infantil y juvenil (0 a 14 años), junto con el aumento sostenido del peso de la población mayor (mayor de 60 años), es una situación favorable para el desarrollo económico del país que se conoce como bono demográfico.
La reducción en la relación de dependencia que caracteriza a este periodo permite que aumente la tasa de ahorro con efectos positivos en el desarrollo económico. Sin embargo, los efectos positivos de este fenómeno no ocurren esporádicamente. Para aprovecharlos, el Estado debe de promover e implementar políticas que incentiven la inversión productiva, desarrollen el mercado laboral y promuevan un ambiente social y económico estable. Cuatro ámbitos que deben desarrollarse para que esto ocurra son educación, salud, empleo y el sistema de pensiones.
En educación, el Gobierno ha realizado importantes avances para ampliar la cobertura de los servicios. La tasa neta de matrícula escolar para niños de 3 a 6 años de edad en el 2016 fue de 81%, 10% más que cinco años atrás. Sin embargo, queda mucho por hacer en términos de calidad. En el 2012, el Perú quedó en último lugar de los 65 países que rindieron la prueba PISA. Tres años después alcanzó el puesto 64 de 70 países evaluados.
En salud, la cobertura ha mejorado significativamente. En el 2017, menos de un cuarto de la población (24%) no estaba asegurada, lo cual representa una reducción de 14% en relación a cinco años atrás. Sin embargo, el financiamiento por parte del Estado es insuficiente e ineficiente. En el 2014, la inversión total en salud con respecto al PBI fue de 5.5%, muy por debajo del promedio regional (7.3%). Además, al ser absorbida por distintos subsistemas de salud que funcionan de manera desarticulada, este presupuesto es asignado de manera poco eficiente.
En empleo, la baja flexibilidad del mercado laboral peruano se ha traducido en una alta informalidad, que representa más de un cuarto del empleo total. Complementariamente, existe una alta concentración de trabajadores independientes y en pequeñas empresas. Ambos escenarios tienen un efecto negativo en la productividad de la fuerza laboral.
En cuanto al sistema de pensiones, este ha mejorado su cobertura en los últimos años. Al primer semestre del 2016, el 31.2% de la población mayor de 14 años estaba afiliada a algún sistema de pensiones: 19.2% afiliadas al SNP, 10.8% afiliados al SPP y 1.2% afiliados a otros sistemas. Sin embargo, el Perú todavía se encuentra muy por debajo del promedio regional, de 62.2%, y la pensión promedio es baja comparada con las pensiones en otros países de la región como Chile, Colombia y México.
Es indudable que se han realizado avances importantes en los sectores arriba mencionados. Sin embargo, se deben redoblar los esfuerzos por cerrar las brechas existentes. La duración del bono demográfico es limitada. En el Perú, esta etapa finalizará en el 2030, según el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan). Es decir, tenemos menos de doce años para lograr avances sustanciales mediante la implementación de políticas pues, finalizado el bono demográfico, vendrá una etapa de envejecimiento de la población.
Por Pedro Rodríguez Paiva, analista senior de Videnza Consultores
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