Contrarreforma a la vista

Perú tiene una limitada productividad laboral. Es cinco veces menor a la productividad laboral de Estado Unidos y, sin ir muy lejos, es menor que la de sus pares regionales como Chile, Colombia y México. Según el World Economic Forum, en 2019 Perú se situaba en el puesto 102 de 141 países en términos de salarios y productividad, por debajo de Chile, Colombia y México (puestos 43, 94 y 82, respectivamente).

Esta baja productividad se asocia, en parte, a la calidad del capital humano. Y esta, a su vez está ligada a la baja calidad de educación. En este punto, los datos van de mal a peor. Es altamente conocido que nos situamos entre los peores países en la prueba Pisa (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes). En 2018, Perú ocupó el puesto 64 de 77 países; los resultados en comprensión lectora, matemática y ciencia se ubican por debajo de Chile, Argentina, México, Colombia y Brasil.

La educación superior sigue el mismo patrón, a pesar de que se conoce que una educación superior de calidad es un requisito indispensable para generar desarrollo en un país. Un estudio de la Universidad del Pacífico encuentra que los trabajadores egresados de universidades de mayor calidad tienen ingresos salariales que, en promedio, son 80% mayores a los de sus contrapartes que asistieron a instituciones de menor calidad.

Asimismo, antes de la pandemia, el subempleo profesional afectaba a cuatro de cada diez egresados universitarios, y 47% de las empresas tenían vacantes difíciles de llenar. De estas, el 76% se explicaba por falta de habilidades de los candidatos.

Queda claro que existe un problema en la calidad de la educación superior. En ese contexto es que, con la Ley Universitaria (Ley 30220), se creó la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), organismo responsable del licenciamiento para ofrecer el servicio educativo superior universitario. En concreto, la Sunedu busca asegurar las “condiciones básicas de calidad”, un conjunto de estándares mínimos con los que las universidades deben contar para obtener el licenciamiento.

Estas condiciones abarcan desde la adecuada estructuración académica —oferta educativa, infraestructura, líneas de investigación, personal docente calificado, entre otros— hasta la existencia de mecanismos de inserción laboral, de manera que operen como un mecanismo de protección para los estudiantes, sus familias y la sociedad en su conjunto.

Bajo este enfoque de mejora en la calidad educativa, la Sunedu otorga licencias a aquellas universidades que cumplen con las condiciones básicas de calidad. A la fecha, se ha denegado el licenciamiento a 48 universidades y dos escuelas de posgrado. De ellas, el 96% eran instituciones de gestión privada y el 38% estaban en Lima.

La denegación de licenciamiento generó incentivos a algunos centros educativos para mejorar la calidad de su educación. Ejemplo de ello es la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Unica) que, aunque su primera solicitud de licenciamiento institucional fue denegada, luego consiguió licenciarse tras verificarse su cumplimiento de las condiciones básicas de calidad.

Un elemento fundamental para el éxito de la reforma fue la independencia del Consejo Directivo de la Sunedu. No obstante, a inicios de mayo, el pleno del Congreso aprobó la ley que propone “restablecer la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas”. Propone cambiar el Consejo Directivo de la Sunedu, que pasaría de ser integrado por profesionales independientes elegidos por concurso público, a tener tres representantes de las universidades públicas y privadas del país.

Esto desnaturaliza la independencia que debe tener un organismo regulador con aquellas instituciones a las que supervisa. Además, la Sunedu pierde la posibilidad de actualizar las condiciones básicas de calidad hoy exigidas a las universidades.

Dadas la baja productividad y la latente necesidad de reformas que fomenten la calidad de la educación en el país, es necesario cuestionar las políticas públicas que no están relacionadas con uno de los objetivos fundamentales de la educación: el crecimiento y desarrollo de los peruanos.

Por el contrario, ponen en riesgo la continuidad de políticas públicas que han demostrado ser exitosas.

Realizado por: Joaquín Rey y María Alejandra Ormeño, investigador principal y analista senior de Videnza Consultores, respectivamente