¿Con licencia para dañar?

En el 2019 fallecieron más personas por infecciones por bacterias resistentes a antimicrobianos que por malaria o sida. Según un estudio publicado recientemente en la revista The Lancet, alrededor de 1.2 millones de personas perdieron la vida como resultado directo de la resistencia a antibióticos. De no atenderse esta situación, se estima que hasta 10 millones de personas podrían morir al año en el 2050.

El uso desmedido o innecesario de estos medicamentos es uno de los factores principales que impulsa estas infecciones mortales. Enfermedades, hoy curables con un tratamiento de pocos días, corren el riesgo de volverse fatales en pocas décadas. Por ello, aunque es clave el uso adecuado de antibióticos y de otros recursos terapéuticos, en el Perú se observa una práctica completamente contraria.

En primer lugar, las farmacias y boticas son, de lejos, los primeros lugares de consulta en salud en el país. Según estimaciones de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del INEI, 1 de cada 5 peruanos buscó atención en farmacias o boticas luego de tener un problema de salud, mientras que apenas el 10% declaró haber buscado cuidado en algún establecimiento del Ministerio de Salud (Minsa) durante el mismo periodo. Este comportamiento es heterogéneo en el país: en departamentos como Lambayeque o Lima, más del 30% de los ciudadanos prefirió las boticas o farmacias.

Todos hemos participado de los relatos anecdóticos de buscar soluciones a nuestros problemas de salud en la botica, antes que hacer colas interminables en establecimientos del Seguro Social (EsSalud) o del Minsa, o de pagar una consulta privada. Ello a pesar de que más del 98% de peruanos tiene un seguro de salud, principalmente público, lo que demuestra que estar afiliado al Seguro Integral de Salud (SIS) o a EsSalud no significa un acceso efectivo al cuidado de la salud.

El problema con la alta dependencia de las farmacias o boticas es que abre la puerta a la automedicación o a la “prescripción” inadecuada y sin seguimiento por parte del personal. Por ejemplo, un estudio encontró que las farmacias privadas en zonas periurbanas de Lima indican antibióticos con alta probabilidad cuando no hay recetas médicas disponibles. Asimismo, estas decisiones conllevan un mayor gasto de bolsillo para los ciudadanos, quienes deberían encontrar sus tratamientos cubiertos por el sistema de salud, principalmente público.

Durante la pandemia de COVID-19, hemos sido testigos de múltiples casos de pacientes que complicaron su infección leve por tomar medicamentos despachados sin una receta médica en la botica o farmacia. Lo socialmente aceptado es que, ante la aparición de síntomas y la dificultad para acceder a los servicios de salud, muchos nos automedicamos siguiendo información obtenida en redes sociales, comentarios de familiares o el consejo del dependiente del establecimiento farmacéutico.

Allí es donde empiezan los errores trágicos, pues se malemplean dos tipos de medicamentos contraindicados en estos casos y que debieron haber sido prescritos con receta médica: antibióticos y corticoides. Los primeros solo son útiles en el caso de infecciones bacterianas, y los segundos pueden aumentar el riesgo de compromiso pulmonar y mortalidad en los casos leves de COVID-19. Es decir, un coctel mortal al que accedemos de manera poco responsable y que con seguridad engrosa las terribles cifras de muerte y dolor acumuladas en este periodo.

Por ello, no es razonable ni seguro que cuando acudamos a las farmacias o boticas tengamos a nuestra libre disposición toda su oferta terapéutica. Puede empeorar nuestra condición individual y atentar contra la salud pública al potencialmente contribuir con la formación de bacterias resistentes a antibióticos.

¿Por dónde empezar?

La pandemia ha demostrado la necesidad de realizar cambios radicales para proteger nuestra salud. En el caso de farmacias y boticas, pequeñas o grandes, se requiere de acciones en este aspecto. Hoy, por lo menos en las ciudades, ya es posible migrar a los medios digitales que permitan la trazabilidad de prescripciones y medicinas, donde un químico farmacéutico sea responsable de este proceso.

Un mejor manejo de la información en todo el ciclo de abastecimiento público y privado permitirá disminuir el consumo indiscriminado y peligroso de medicamentos sin receta médica, a la par con reducir la informalidad y el mercado negro de estos recursos. Es decir, contribuirá a construir algo más de institucionalidad, tan necesaria en nuestro país.

Realizado por: César Amaro y Alfredo Dancuart, investigador principal y analista de Videnza Consultores, respectivamente