Castigar al talento

Para que cualquier política pública redunde en cambios reales para los ciudadanos, no solo hacen falta voluntad política, votos en el Congreso o respaldo popular. Todos estos son elementos necesarios, pero no suficientes. Concretar cualquier transformación en el Estado requiere capital humano para llevarla a cabo.

La creación de un programa social, la implementación de un nuevo ministerio, la gestión de un proceso de vacunación o la ejecución de una reforma tributaria –solo por dar algunos ejemplos– demandan una gran cantidad de profesionales que diseñen procesos, redacten normas, contraten personal adecuado, entre otras tareas complejas.

Esto aparentemente tiene sin cuidado al presidente Castillo, quien –aunque promete una agenda de cambio ambiciosa– parece empeñado en ahuyentar al talento calificado del Estado.

Me pregunto qué profesional medianamente serio querrá ponerse a las órdenes de un ministro de Transportes con papeletas por dar servicios de transporte informal, un ministro de Defensa separado de la Policía por faltas disciplinarias, un ministro de Trabajo sancionado por no asistir a trabajar en su UGEL, o de los ministros de Comercio Exterior y Turismo y de Cultura, que no registran experiencia alguna en los sectores que ahora dirigen.

Además de los graves cuestionamientos a los titulares de varias carteras, hay un sinnúmero de mandos medios –viceministros, directores generales, jefes de gabinete– siendo designados sin reunir las mínimas calificaciones que se esperarían para puestos de tanta responsabilidad.

Pero la total falta de idoneidad de los más altos mandos del Estado no es el único elemento que contribuirá a la rápida fuga de talentos. Esta semana el gabinete en pleno acordó reducirse el sueldo a la mitad, lo que previsiblemente redundará en recortes de sueldo para funcionarios de menor rango.

Una medida como esta es demagogia pura. El volumen de ahorro que se puede obtener es insignificante si se compara con el costo que generará la salida de profesionales calificados que vendrá como consecuencia. Aunque el sueldo no es el único elemento que motiva a nuestros servidores públicos, los salarios del Estado deben ser medianamente competitivos respecto de los que ofrece el sector privado si se aspira a retener el talento. En buena cuenta, un recorte es un “ahorro” que termina saliendo muy caro.

Si queremos ver el lado positivo de este panorama desolador, podremos notar que, de seguir en el camino de castigar el talento, a la administración Castillo le será imposible llevar adelante algunos de los despropósitos que tiene en agenda.

Pero también es cierto que los costos potenciales son enormes. ¿Podrá sostenerse el proceso de vacunación si el recambio alcanza al sector Salud? ¿Seremos capaces de llevar adelante un retorno a clases escolares presenciales ordenado y seguro? ¿El presidente del Banco Central de Reserva finalmente aceptará trabajar con contrapartes tan mediocres? El pronóstico es reservado.

A lo largo de mi experiencia laboral –también como funcionario–, he podido conocer a muchísimos profesionales, capaces, íntegros y motivados en la administración estatal. Este maltrato hacia ellos –y a nosotros, que también sufriremos las consecuencias– es inaceptable.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores

Columna de opinión publicada el 08 de agosto del 2021 en el diario Perú 21.