Esta factura la pagamos todos

“Imagine que una epidemia amenazara con matar a 41 millones de personas cada año. Esto ya está pasando. Este año. El año pasado. El año que viene. Las enfermedades crónicas son las más letales del mundo”. Esta frase, que puede sonar catastrófica, es un tuit del doctor Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿Cómo combatir enfermedades crónicas no transmisibles tales como las afecciones cardiovasculares y respiratorias, el cáncer y la diabetes? Estas, precisamente por su condición de crónicas, requieren de tratamientos continuos y prolongados. Para que las personas afectadas tengan acceso a estos tratamientos, el abastecimiento oportuno de medicamentos, especialmente desde el sector público, es clave. Es decir, el Estado debe lograr proveer productos de calidad al menor costo posible.

Esto no sucede en nuestro país hoy en día, pues se carece de un sistema de información articulado. De hecho, hay por lo menos seis sistemas que, en lugar de operar interrelacionadamente, tienen muchas dificultades y limitadas interfaces: SIAF, SIGA, Seace, Sismed, Siasis e HIS. A ello se le suman procesos y reprocesos que no añaden valor alguno –actos preparatorios que demoran hasta nueve meses, o el paso por varios almacenes distintos desde el proveedor hasta la farmacia del establecimiento de salud público, por citar solo dos ejemplos–.

Otro problema es que no se identifica la demanda insatisfecha, aspecto común en otros subsistemas como Essalud y las sanidades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Estimaciones preliminares muestran que el usuario de los servicios públicos recibe la tercera parte de los medicamentos prescritos. Esto sin contar la lentitud y la poca predictibilidad del financiamiento público, desde su programación hasta su ejecución: múltiples mecanismos de asignación y ejecución ineficientes complejizan la gestión a nivel local, dificultan la toma de decisiones o, peor aún, incentivan la corrupción.

Para cambiar esto debemos empezar por un quiebre de paradigma, donde se coloque a las personas y sus necesidades de salud al centro del sistema. Esto implica gestionar con convicción procesos sustentados en un sistema de información integrado que permita empezar por estimar la demanda insatisfecha e implementar una programación basada en necesidades reales, con métodos estandarizados de cálculo.

En segundo lugar, tenemos que afinar los mecanismos de compras públicas para hacerlos más eficientes y combatir la corrupción. Para ello, hay que precisar de modo transparente las características técnicas de los productos y automatizar en lo posible la decisión de selección del proveedor, para evitar la discrecionalidad. Así, para productos con muchos postores y bajo impacto presupuestal, cuya adquisición actual demanda mucho esfuerzo administrativo, se puede apelar a los catálogos electrónicos por Acuerdos Marco, que permiten agilizar las compras –una suerte de Amazon para medicamentos y dispositivos médicos–.

Si los productos, en cambio, tienen muy pocos postores y alto impacto en el presupuesto, son aconsejables las soluciones con riesgo compartido. Una alternativa son los esquemas de acceso gerenciado, que han mostrado resultados favorables en países como Colombia, Kenia y Ucrania. Según Héctor Castro, senior director del Management Sciences for Health (MSH), estos acuerdos institucionales entre pagadores y fabricantes permiten compartir el riesgo asociado a la incertidumbre en efectividad o impacto financiero, para que los pacientes accedan tempranamente a nuevos tratamientos.

Desde el Ministerio de Salud se observa el compromiso de mejorar los procesos de abastecimiento para que los medicamentos lleguen más oportunamente a todo el país. Esto pasa por optimizar los sistemas de almacenamiento y distribución, ya sea a cargo del Estado o bien de un tercero. Hay evidencia internacional al respecto: ambos modelos funcionan si están bien diseñados, son flexibles, usan tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), y se gestionan eficazmente.

Para que todo lo anterior sea posible se requiere que los actores del sector tengan un rol transversal en los procesos de programación, compra, almacenamiento y distribución de los medicamentos. Las enfermedades crónicas no transmisibles y la corrupción siguen matando gente día a día. Y esa factura la pagamos todos, especialmente los más pobres.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza