Minería, canon y desarrollo

Los sucesos recientes alrededor del otorgamiento de la licencia de construcción a Southern Perú para el proyecto Tía María y su posterior suspensión, han reavivado el debate sobre el impacto que tiene la actividad minera sobre el bienestar de la población. Una primera aproximación desde las cifras macroeconómicas del Ministerio de Economía y Finanzas muestra que esta actividad representa el 12% de la producción del país, el 13% de la inversión privada y casi el 60% de las exportaciones totales. Solo en el 2018, el sector minero exportó productos por un monto cercano a los 30,000 millones de dólares.

El boom de la minería registrado desde mediados de los 2000 hasta mediados de la década del 2010 incrementó de manera sustantiva la recaudación tributaria. Así, el país pudo casi duplicar la inversión pública: desde alrededor del 3% del PBI hasta superar el 5% del PBI en el momento cumbre del auge. Esta mayor inversión permitió disminuir las brechas de acceso a servicios básicos de la población (educación, salud, agua potable, electrificación) y generar una muy importante disminución de la pobreza, medida tanto en términos monetarios como no monetarios. Así, por ejemplo, entre los años 2005 y 2015, el índice de pobreza monetaria del país —entendido como el porcentaje de hogares cuyos ingresos no cubren el costo de una canasta básica de consumo— disminuyó de 55.6% a 21.8%; es decir, en 33.8 puntos porcentuales, la mayor reducción de pobreza registrada en América Latina en el siglo XXI.

Además, como consecuencia de la expansión de la explotación minera, los recursos fiscales que se generaron para los Gobiernos subnacionales se incrementaron significativamente. Los recursos del canon transferidos a municipios y Gobiernos regionales pasaron de S/ 399 millones en el 2004 a S/ 5,645 millones el 2012, y en el 2018 registraron un monto de S/ 4,709 millones. En el periodo 2004-2018, el total de transferencias de recursos fiscales generados por la minería superó los 50,000 millones de soles. ¿Cómo y en qué se ejecutaron dichos recursos? ¿Cuán efectivas fueron las autoridades locales y regionales invirtiéndolos para incrementar el bienestar de la población beneficiaria? Son preguntas que merecen ser planteadas. Por ejemplo, en el distrito de Chalhuahuacho, que pertenece a la Provincia de Cotabambas y donde se desarrolla el proyecto Las Bambas, el monto recibido anualmente por concepto de canon minero se elevó de S/ 9 millones en el 2004 a S/ 233 millones el 2018. Y en la década entre los años 2007 y 2017 la pobreza en Chalhuahuacho —medida como número de hogares con al menos una necesidad básica insatisfecha— se redujo a la mitad, mientras que sus coberturas de agua, alcantarillado y electricidad en el hogar se triplicaron.

Resulta evidente, por lo tanto, que la actividad minera ha contribuido de manera decisiva a generar los recursos que financiaron la exitosa lucha contra la pobreza del país en los últimos lustros. Dependerá de la capacidad de gestión de los alcaldes y gobernadores que los recursos del canon contribuyan de forma más decisiva a la erradicación de la pobreza en las zonas de influencia de la actividad minera.

Realizado por: Milton von Hesse, director de Videnza