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El gran comprador de medicinas en el Perú es el Estado. Por eso, el gran negocio para productores y proveedores de medicamentos es venderle al sector público, que hasta la fecha sigue usando la subasta inversa como forma común de compra para ese tipo de bienes.

En esta modalidad, primero se califica la idoneidad de los proveedores, se establecen los parámetros de calidad de los bienes por adquirir mediante una ficha técnica y se determina lo que se les quiere comprar. Es decir, quienes postulan deben superar estándares establecidos y solo ellos entran a competir en una puja de precios a la baja que, en teoría, permite al comprador obtener el precio más bajo posible. Estos procesos se dan por vía electrónica y buscan lograr un mecanismo que estimule la competencia y sea transparente. Pero, hecha la ley, hecha la trampa. Lo que ha venido sucediendo es que un grupo de altos ejecutivos de empresas farmacéuticas pactó para “repartirse” las millonarias compras de medicamentos del Ministerio de Salud.

Así lo entiende el Instituto de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (Indecopi), que ha abierto un proceso administrativo sancionador contra 15 empresas y cinco personas naturales por la presunta colusión en licitaciones de medicinas al Estado entre el 2006 y el 2020. La hipótesis es que coordinaban para generar una imagen de falsa competencia y que el Estado se vea obligado a comprar a mayor precio.

De confirmarse estas prácticas, los involucrados deben ser sancionados con todo el peso de la ley. Es inaceptable que se pretenda lucrar a costa de la vida y la salud de los peruanos. Si bien toda empresa que vende un producto busca sacar el mayor provecho, efectuar maniobras ilegales para ganar más sin pensar en el impacto que eso tiene en la salud pública es simplemente repudiable.

Desde el lado del Estado también hay problemas. Debemos considerar que, en determinados casos, para evitar la escasez de medicamentos flexibiliza las compras y autoriza que cada hospital o unidad ejecutora lidere sus procesos de licitación. En lugar de efectuar adquisiciones grandes, cuyos volúmenes les permitirían obtener mejores precios, cada institución termina asumiendo sus propios procesos, a precios más altos.

Para evaluar qué otras estrategias se pueden utilizar para la compra eficiente de productos farmacéuticos, vale la pena revisar la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, publicada el pasado 24 de junio. Primero, establece un avance tímido para las compras a través del catálogo electrónico. Este instrumento, como su nombre lo indica, es un catálogo con distintas empresas y productos precalificados que compiten en precio y calidad. Pese a que podría evitar prácticas colusorias, desde el 2009 no se ha avanzado nada en esta modalidad de compra en el sector farmacéutico.

Además, la ley plantea nuevos mecanismos de transparencia para contratos cuyos montos sean iguales o menores de ocho unidades impositivas tributarias (UIT), y que no requieren procedimientos de selección para su contratación. Estas compras, que el año pasado representaron el 24% de las compras de bienes y servicios, ahora deberán ingresar en una plataforma llamada Pladicop. Es un avance porque añadirá mayor transparencia sobre los diferentes agentes, dotará de trazabilidad a las operaciones y permitirá una mejor toma de decisiones.

Sin embargo, si bien esta ley moderniza aspectos para procesos onerosos, no resuelve la carencia de una estrategia de adquisiciones del Estado que incluya indicadores de desempeño. Esta podría sustentarse en la llamada Matriz de Kraljic, que diferencia a los bienes en función de cuántos competidores hay en el mercado y de cuánto representan del gasto. Para cada cuadrante de la matriz existen mejores mecanismos de adquisición por implementar. En uno de esos escenarios, el catálogo electrónico es la mejor herramienta para productos como la mayoría de los farmacéuticos: con competencia en el mercado y que individualmente representan un gasto menor para el contratante.

Sea cual sea la estrategia que se adopte, queda claro que, además de mejores prácticas, necesitamos adecentarlas.

Realizado por Janice Seinfeld, presidenta de Videnza, en el diario El Comercio, el día 23 de julio de 2024.