Defendamos la reforma

El último lustro ha sido de los más atribulados de nuestra historia republicana. Hemos visto desfilar a cinco presidentes, fuimos testigos de destapes de corrupción que tocaron a casi la totalidad de la clase política, y experimentamos una disolución del Congreso, todo esto como telón de fondo para una tragedia sanitaria que se ha llevado a más de 200,000 compatriotas y que aún no da señales de llegar a su fin.

En este contexto de absoluto caos, es muy poco lo que hemos podido avanzar en materia de crecimiento económico, reducción de la pobreza, o Estado de derecho. No obstante, existe un ámbito en el que, contra viento y marea, el Perú ha alcanzado importantes logros: el de la educación universitaria.

Desde la dación de la Ley Universitaria y la creación de la Superintendencia Nacional de Educación (Sunedu) en 2014, se han dado pasos decisivos para la mejora de la calidad de la educación superior. Esto se ha logrado mediante el establecimiento de condiciones básicas de calidad y la implementación de un proceso de licenciamiento que permitió iniciar el cierre gradual de 49 universidades de paupérrima calidad. Estas perjudicaban a más de 250,000 estudiantes, cuyas familias hacían un enorme esfuerzo en busca de un mejor futuro, pero eran descaradamente estafadas.

La reforma universitaria encontró la feroz oposición de diversos mercachifles de la educación y sus operadores políticos, quienes durante los últimos cinco años boicotearon a la Sunedu, buscando restarle atribuciones, desprestigiándola, e intentando brindar nuevas oportunidades a universidades que tuvieron el tiempo para mejorar su calidad, pero, en lugar de destinar recursos a este fin, optaron por petardear la reforma.

El tema ha vuelto a la discusión ya que en las últimas semanas ha surgido una serie de iniciativas y personajes con un fin común: buscar un retroceso en lo avanzado. Así, durante la presente legislatura se han presentado hasta cuatro proyectos de ley que pretenden revertir el cierre de las universidades no licenciadas. Los autores de estas iniciativas tienen estudios de universidades denegadas: Darwin Espinoza de la Garcilaso de la Vega, Wilson Quispe de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, y Édgar Tello y Esdras Medina de la Universidad Néstor Cáceres Velásquez.

Por si esto fuera poco, esta semana la Comisión de Educación recibió a los rectores de 10 universidades con licencia denegada. La discusión giró en torno a una nueva oportunidad de licenciamiento para las casas de estudio en proceso de cierre.

Un día antes de que esto suceda en el Congreso, el pasado domingo el presidente Pedro Castillo realizaba una incursión playera a Agua Dulce, en la que su invitado principal fue el Sr. Luis Hurtado Valencia, exrector de la Universidad Peruana de las Américas, también con licencia denegada por la Sunedu. Una cercanía que no debería sorprender, pues el auditorio de esta universidad ha sido sede de congresos y eventos del partido Perú Libre desde la campaña presidencial.

Como es evidente, estamos frente a una nueva arremetida de inescrupulosos empresarios educativos, quienes, desde diversos frentes, están dando un último manotazo de ahogado para salvar su negocio.

Ante este intento, los ciudadanos y los actores políticos comprometidos con la educación debemos ponernos firmes. El Estado no existe para favorecer intereses económicos privados, sino para perseguir el interés público. El futuro de cientos de miles de jóvenes está en juego. ¡Ni un paso atrás con la reforma universitaria!

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores

Columna de opinión publicada el 28 de noviembre de 2021 en el diario Perú 21.