La salud mental en el Perú: un gran pendiente

La salud mental es fundamental para formar vínculos saludables, manejar el estrés, trabajar de forma productiva y vivir de forma plena. Sin embargo, es un aspecto que recibe poca atención y que la pandemia y las cuarentenas agravaron significativamente.

Un estudio del Consorcio de Universidades estimó que el 39% de los estudiantes tuvo síntomas de depresión durante la pandemia y que el 31% reportó pensamientos suicidas. Estas cifras alarmantes no son solo producto de la emergencia sanitaria, sino son también consecuencia de un problema de salud pública que el Perú afronta limitadamente hace años.

En 2016, los trastornos mentales y del comportamiento fueron la principal causa de pérdida de años de vida saludables (AVISA) en el país. Los AVISA son una medida empleada para estimar cuántos años de vida saludable se pierden por muerte prematura o por discapacidad. En este caso, los trastornos mentales y del comportamiento hicieron perder más AVISA (principalmente por discapacidad) que las enfermedades cardiovasculares o los tumores malignos, por poner algunos ejemplos.

En 2019, un estudio similar a nivel regional reveló que en todos los departamentos del país, los trastornos mentales y del comportamiento se ubicaban en el top 10 entre las principales causas de pérdida de AVISA. En ciertas regiones, como Madre de Dios, Tumbes, Junín y Arequipa, estaban en el top 3.

Para hacer frente a esta situación, el Estado ha tomado algunas medidas, aunque limitadas. Por el lado normativo, en 2019 se promulgó la Ley de Salud Mental (Ley 30947), cuyo principal objetivo es brindar un “marco legal para garantizar el acceso a los servicios, la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación en salud mental”.

Por el lado de la prestación, desde 2015 se vienen implementando Centros de Salud Mental Comunitaria. Se enfocan en la atención ambulatoria de pacientes con trastornos mentales o problemas psicosociales graves o complejos, y ofrecen servicios de prevención y promoción de la salud mental. Existen 205 centros en todo el Perú, el 78.5% de los cuales están ubicados fuera de Lima.

Un estudio de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y del Banco Mundial catalogó estos centros como viables y sostenibles. Representan una oportunidad eficiente para abordar el tratamiento de la salud mental, pues se estima que cinco de ellos atenderían a una cantidad equivalente de pacientes que un hospital.

Además, si el 90% de los tratamientos externos de los principales hospitales psiquiátricos fueran llevados a los centros, el sistema de salud peruano ahorraría USD 7,669,519 al año. Esto es particularmente importante considerando que la atención médica de salud mental puede ser costosa y afectar, en mayor medida, a la población pobre y vulnerable.

No obstante, según el informe “El derecho a la salud mental” publicado por la Defensoría del Pueblo en 2018, ocho de cada diez personas con un trastorno mental no recibe tratamiento adecuado u oportuno, lo que demuestra la amplia brecha aún por cerrar.

¿Cuál es la agenda pendiente?

En primer lugar, se requiere seguir abordando el problema estructural. Existe un estigma hacia los pacientes con patologías de salud mental, tanto por parte de la sociedad como del personal de salud. Ello puede limitar el acceso a la atención especializada.

En segundo lugar están la consolidación y expansión enfocadas en el tratamiento, promoción y prevención de la salud mental en todo el país. Tomando en cuenta los efectos negativos de las medidas sanitarias contra la COVID-19 (como las cuarentenas) sobre la precaria situación de la salud mental en el país, es necesario priorizar la implementación de los centros de salud comunitarios, particularmente en las regiones más afectadas. Una forma de guiar la intervención puede ser considerando los AVISA.

Otro desafío es la brecha de médicos especialistas para prestar una atención oportuna. En 2020, 5221 psicólogos prestaban sus servicios en el sector salud  —incluidos Minsa-Gobiernos regionales, EsSalud, sanidades de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, SISOL, sector privado y Ministerio de Educación—. No obstante, existen regiones como San Martín y Áncash que requieren estos servicios de salud y están por debajo del promedio nacional.

La atención de la salud mental debe ser una prioridad de salud pública en el Perú. Si bien presenta grandes brechas de especialistas e infraestructura, existen alternativas costo-efectivas para abordar la situación.

Considerando que los efectos positivos de una atención en salud mental de calidad trascienden al individuo que la recibe —mejoras en el aprendizaje y productividad futura, reducción de la violencia familiar y mejora del bienestar—, es fundamental tratarla con la importancia que se merece.

Realizado por: Alfredo Dancuart y Génesis Hernández, analista senior y analista de Videnza Consultores, respectivamente